Victoria para los Bibliotecarios ante el USA PATRIOT ACT.

Según publicado en el New York Times el pasado 13 de abril de 2006; luego de varios meses de lucha, la fiscalia federal de Connecticut acordó permitirle a un grupo de bibliotecarios de ese estado, identificarse como las personas a quienes se les habia requerido records de los usuarios durante una investigación que llevaba a cabo el FBI en contra del terrorismo. Véase el articulo completo en Librarians Win as U.S. Relents on Secrecy Law.

Para entender el impacto de esta victoria les presento un breve resumen de la controvertible ley y como incide esta en las bibliotecas:

¿Qué es el USA PATRIOT ACT? Las siglas se refieren al Uniting and Strengthening America by Providing AppropiateTools Required to Intercept and Obstruct terrorism (2001).

Esta es una legislación aprobada por Congreso de los Estados Unidos, desde el 26 de octubre de 2001. El objetivo principal de esta ley segun sus autores era el de prevenir nuevas actividades terroristas en los Estados Unidos, luego de los ataques ocurridos contra el desaparecido World Trade Center de Nueva York y el Pentagono de los Estados Unidos de America.

A pesar que la ley ha tenido algunas enmiendas, su aplicación ha tenido bastante oposición desde sus inicios de parte de defensores de los Derechos Civiles y Bibliotecarios. A juicio de estos, la controvertible ley esta acabando con la libertad de expresión e intelectual, pues muchas de sus disposiciones van en contra del deber de estos profesionales de la información, a salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de los usuarios de las bibliotecas.

Entre las disposiciones más controversiales de esta ley, se encuentran, aquellas que le permiten a las agencias de seguridad monitorear las comunicaciones privadas de teléfonos celulares, mensajes electrónicos almacenados en las computadoras, revisar archivos y registros administrativos, incluyendo los registros de los usuarios de las bibliotecas.

Los efectos de esta ley son tan amplios que practicamente le da el derecho al gobierno para saber lo que todo el mundo lee.

A continuación una breve explicación de algunas de las secciones de la USAPA 2001 que afecta la confidencialidad de las bibliotecas: Sección 215: Acceso a los records bajo el Foreign Intelligence Security Act (FISA)

1. Permite que un agente del FBI obtenga ordenes de cateo para cualquier cosa tangible, el cual puede incluir libros, archivos, record, papeles,“data tapes”y computadoras con su disco duro
2. Permite al FBI a requerir la producción de record de circulación de la biblioteca, récord del uso del Internet y registros de información guardada en cualquier medio.
3. No requiere que el agente demuestre “causa probable” o la existencia de datos específicos para sustentar la creencia de que se ha cometido un crimen o que los artículos incautados sean evidencia de un crimen. Sin embargo, el agente solo necesita establecer que el record que desea puede estar relacionado a una investigación existente sobre actividades terroristas, este criterio es bajo un estándar mínimo legal para iniciar una investigación.
4. Bibliotecas o bibliotecarios en la que se lleva a cabo una orden de cateo bajo las reglas de FISA no puede divulgar, so pena de ley, la existencia del cateo o el hecho de que se produjo algún record, resultado de la búsqueda. El usuario no podrá ser informado que sus récord fueron entregados o que es sujeto de una investigación del FBI
5. Anula las leyes estatales de confidencialidad para proteger los record de las bibliotecas. Sección 216: Relating to the Use of Pen Register and Trap and Trace
6. Amplia las leyes de monitoreo electrónico (“pen register,” “trap and trace”) para incluir las direcciones y “routing” de todo el trafico de Internet, correo electrónico, “IP addresses, y URL”s de los portales de Internet.
7. Autoridades estatales pueden solicitar una orden bajo esta disposición, la cual no esta limitada a investigar actividades terroristas o asuntos extranjeros.
8. Obliga al investigado a proveer toda la cooperación necesaria a las autoridades para facilitar lo que se esta investigando o presente la información al oficial, de su propio record. El investigado no puede divulgar que esta siendo monitoreado.
9. Bibliotecas que proveen acceso a la Internet pueden convertirse en blanco de una orden judicial requiriéndole cooperar en el monitoreo de un comunicación electrónica enviada por un usuarios a través de las computadoras o redes.
   

Por Cristino Montanez Soto